19 de octubre de 2026
***La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo advirtió que su gobierno no permitirá afectaciones al patrimonio municipal ni abusos contra las y los usuarios del servicio de agua
El Ayuntamiento de Veracruz, que preside la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, denunció a Grupo MAS ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa, acciones que podrían haber afectado los recursos públicos y a la ciudadanía.
La presidenta municipal reiteró que su gobierno no permitirá afectaciones al patrimonio de Veracruz ni abusos contra las y los usuarios del servicio de agua, y aseguró que no claudicarán en la defensa de los recursos públicos.
Aunque la concesión fue otorgada a Grupo MAS, la denuncia señala pagos por 176.7 millones de pesos durante 2024 y 2025 por servicios a empresas vinculadas a la española ACCIONA, además de sueldos anuales de hasta 5.8 millones de pesos entre sus directivos, operaciones que se solicitó investigar.
La denuncia también señala una cartera por 2 mil 660 millones de pesos que Grupo MAS pretendió cobrar a más de 82 mil familias, solicitud rechazada por el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) ante inconsistencias y falta de elementos para acreditar que esos adeudos podían ser exigidos a los usuarios.
De ese monto, más de 656 millones de pesos correspondían a “consumos no facturados”, además de detectarse cuentas con problemas de antigüedad, prescripción y recargos, por lo que se solicitó investigar cómo fueron integradas esas cantidades, quiénes las autorizaron y con qué sustento se pretendía realizar su cobro.
A través de la dirección de Asuntos Legales, el gobierno municipal solicitó peritajes contables y financieros, revisión de contratos e información fiscal para determinar posibles daños y responsabilidades, además de considerar las observaciones derivadas de auditorías del ORFIS, y pidió que, de acreditarse delitos, se ejerza acción penal contra quienes resulten responsables.
La alcaldesa sostuvo que su gobierno no claudicará en la defensa del patrimonio municipal y de los derechos de las personas usuarias, y reiteró que se mantendrán firmes para esclarecer las posibles irregularidades y llegar hasta las últimas consecuencias legales contra quienes resulten responsables.